El Gobierno aprueba un cheque de 200 euros para 4,2 millones de hogares y rebaja el IVA a los alimentos básicos

El nuevo paquete anticrisis exime temporalmente del IVA a los bienes básicos y otorga una prórroga adicional de seis meses a los inquilinos cuyos contratos de arrendamiento están vencidos.

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes, en su última reunión de 2022, al nuevo paquete anticrisis para la guerra en Ucrania. En él se contemplan nuevas iniciativas como la prórroga de alquileres vencidos o un cheque de 200€ para familias con ingresos inferiores a 27.000€.

Entre otras medidas, se ampliará reducción de impuestos a la energía y se reducirá el IVA para algunos alimentos, quedando los «productos de primera necesidad» exentos de pagar este impuesto durante seis meses.

Negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos no fueron fáciles y duraron hasta el último momento. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tuvieron que intervenir una vez más para sellar el trato entre los socios.

El presidente del Gobierno y el vicepresidente segundo y la ministra de Trabajo se reunieron a primera hora de este martes en el palacio de La Moncloa, frente al Consejo de Ministros, al término de la cual se presentó Sánchez.

El principal punto de conflicto tenía que ver con la vivienda. La propuesta del socio minoritario del Ejecutivo fue un «congelamiento de rentas», que en realidad es una extensión de los contratos que están vigentes.

Finalmente lo logró: de manera similar a lo que se hizo en la pandemia, aquellos cuyo contrato vence entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 tendrán derecho a permanecer en la vivienda otros seis meses en las mismas condiciones.

Esto evita tener que firmar un nuevo contrato donde el arrendador puede aumentar libremente el precio, aunque no impide la actualización anual de la renta (si así lo acuerdan las partes), que podría aumentar hasta en un 2%.

Este es el tope que alguna vez fijó el Gobierno para todos los arrendamientos actuales (que normalmente se actualizaban con la inflación) y que ahora se ha extendido a lo largo de 2023, una decisión en el que no se discutió porque hubo consenso.

La congelación de alquileres fue un compromiso que Díaz adquirió en su momento tras reunirse con los sindicatos de inquilinos. No obstante, la medida no afecta a quienes, por cualquier causa, suscriban un nuevo contrato, cuyo precio será libremente determinado entre las partes, conforme a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

gobierno

Esta iniciativa, sin embargo, no salió adelante, lo que habría supuesto una modificación del pacto según el cual el Gobierno, encabezado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, recientemente se alcanzó con la patronal del sector bancario para la reforma del código de buenas prácticas.

El decreto considerará la suspensión de las evacuaciones de familias vulnerables por otros seis meses, medida que se liberó durante la pandemia y que, con algunos cambios, se ha extendido desde entonces. Esta norma no impide todas las evacuaciones, sino solo las de algunos casos evaluados.

ayuda directa

Junto a los alquileres, la otra gran novedad es un nuevo cheque que llegará a millones de familias. El importe de esta ayuda directa, que tiene como objetivo combatir los estragos de la inflación en los hogares con una situación económica más comprometida, será de 200 euros en un único pago directo.

Está dirigido a familias con ingresos inferiores a 27.000 euros y cuyo patrimonio no supere los 75.000 euros. Sánchez estimó que llegaría a 4,2 millones de hogares, teniendo en cuenta que la renta media de los hogares en España (calculada con renta imputada) es de algo más de 35.000 euros al año y que hay casi 19 millones de hogares.

El dinero se recibirá por transferencia bancaria, cuando las familias con derecho a recibirlo faciliten a la Agencia Tributaria un número de cuenta bancaria para ello, según fuentes del Ejecutivo.

Así, lo que se aprueba supone un desembolso de unos 840 millones y es algo menos ambicioso que las propuestas originales de Unidas Podemos, aunque este partido ha mostrado su «satisfacción» con el trato.

El secretario de Estado de Derechos Sociales y hombre económico de esta formación, Nacho Álvarez, ya había adelantado en una entrevista de madrugada en RNE que el paquete de medidas traería novedades.

“Lo que salga hoy del Consejo de Ministros no será sólo una prórroga de un real decreto-ley que ha funcionado muy bien para limitar el precio de la inflación. También se consolidarán algunos de los temas cruciales, como el relacionado con el transporte público, el alquiler o ese cheque que debe ir a millones de hogares en este país”, defendió.

Una de las medidas que se van a dar a conocer tiene que ver con el IVA en alimentos. Para mitigar la inflación, el Gobierno los eximirá de este impuesto (formalmente tendrán una tasa del 0%).

“Todos los productos de primera necesidad”, indicó Sánchez. Esto, explicó el Gobierno, se refiere a alimentos que actualmente tienen un IVA superreducido del 4%, como el pan común, la harina de pan, la leche, el queso o los huevos. Asimismo, las frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que tengan la condición de productos naturales en el Código Alimentario. Además, las pastas y los aceites, incluido el de oliva, verán reducido el IVA del 10% al 5%.

Esto se complementará con 300 millones en subvenciones a los agricultores para compensar el aumento de los costes de producción (especialmente el aumento del precio de los fertilizantes).

El Ejecutivo «vigilará», dijo el presidente, que todas estas ayudas se trasladen adecuadamente al precio de los alimentos. La idea es que los distribuidores no obtengan mayores márgenes si mantienen la cantidad de ciertos productos que, por la influencia de estas medidas, deberían abaratarse.

El fin del subsidio a la gasolina

Con lo que ya no podrán contar los conductores es con la bonificación general de 20 céntimos por litro de combustible.

Desde el pasado 1 de abril, todo aquel que repostaba gasolina o gasóleo en una gasolinera española se encontraba con esta subvención, una solución no discriminatoria (que la encarecía mucho) y que suscitaba dudas porque suponía subvencionar algo que contamina.

Países como Francia, que aprobó una iniciativa similar, ya habían anunciado el final de la era de los subsidios masivos a los combustibles. Ahora España sigue el mismo camino. En esta transformación se mantendrá la bonificación para determinados colectivos profesionales, como los transportistas o los trabajadores del sector primario (agricultura o pesca).

Aunque la forma de recibir la ayuda cambiará: ya no será un descuento directo en el surtidor, sino un reembolso mensual. El Gobierno estima que las ayudas a los agricultores, que recibirán un descuento de 20 céntimos en la devolución del impuesto sobre hidrocarburos, costarán 240 millones.

Las de los pescadores ascenderán a 120 millones.

Por el contrario, las ayudas al transporte público van en aumento. En su momento, el Ministerio de Transportes ya había anunciado la gratuidad a lo largo de 2023 de los abonos para viajeros frecuentes en Cercanías, Rodalies y Media Distancia, la única medida que ya estaba incluida en los Presupuestos, con una dotación de 660 millones.

Se trata de ampliar lo que está en vigor desde septiembre, pero añadiendo transporte en líneas de autobuses interurbanos estatales. Y el martes se anunció la solución definitivamente adoptada para el transporte urbano y metropolitano gestionado por el Ayuntamiento y las comunidades (como el metro, autobuses municipales, etc.).

Si hasta ahora el Gobierno subvencionaba el 30% de las suscripciones (que muchas Administraciones complementaban con un 20% adicional, pero no era obligatorio), ahora el Estado mantendrá el mismo porcentaje, pero condicionado al compromiso del resto de Administraciones de aumentarlo . mínimo hasta el 50%.

Es una normativa que, en un año con un intenso calendario electoral (autonómicas y locales en mayo, y general hacia finales de 2023) tira la pelota al techo de la Comunidad de Madrid, que hasta ahora ha mostrado dudas a la hora de a extender su tramo de ayuda.

La Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (con participación mayoritaria en la Generalitat) ya dijo en su momento, sin embargo, que independientemente de lo que hiciera el Ejecutivo, mantendría sus subvenciones al abono.

Pero de una forma u otra, la decisión atrae a multitud de localidades. Málaga, por ejemplo, hasta ahora solo ha complementado la reducción de determinados títulos de transporte hasta en un 40%, lo que supondría a partir de ahora perder el derecho a la ayuda estatal si no aumenta su contribución.

Y lo que sigue igual son los recortes de impuestos energéticos. El IVA de la electricidad se mantendrá en el 5% (frente al 10 habitual), se elimina el impuesto a la producción y se reduce al mínimo el impuesto a la electricidad.

Esto reduce la factura de electricidad a través de los impuestos, una vía que el Gobierno comenzó a explorar ya en 2021, cuando los precios comenzaron a dispararse. En conjunto, se estima que estas medidas tendrán un impacto en la recaudación de alrededor de 6.500 millones de rupias por año, pero por ahora la extensión solo se ha acordado por seis meses, al igual que la congelación del precio del cilindro de butano y el alivio de la factura del gas.

Se prorroga hasta 2023 la prohibición de cortar el suministro a hogares vulnerables y el bono social para consumidores vulnerables.

El ejecutivo también ha preparado un paquete de 450 millones para industrias intensivas en gas (destinado principalmente al sector cerámico de la provincia de Castellón), que se complementará con una línea de liquidez de 500 millones en condiciones favorables a través del Instituto de Crédito Oficial ( ICO).

Esta inyección se suma a los 3.100 millones que tiene previsto el PERTE para la descarbonización industrial, con ayudas europeas para que el sector apueste por las renovables y mejore su eficiencia energética.

El Ejecutivo también aceptó la prórroga del aumento del 15% de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital, dos medidas que se esperaban y que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del próximo año.

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